La economía chilena y sus encrucijadas
Centro de Políticas para el Desarrollo
Facultad de Administración y Economía
Universidad de Santiago de Chile
Documento de trabajo 2023-2 (agosto)
Gonzalo D. Martner
Resumen
En este texto se evalúa algunos de los cambios en la dinámica económica, la estructura productiva, el empleo y la productividad del trabajo en las últimas décadas en Chile (desde 1960 cuando existe información homogénea). Las conclusiones principales son que la chilena es una economía estructuralmente dual, con un sector de alta productividad orientado a la exportación y sectores que mantienen una productividad baja y heterogénea, en el que se anida el trabajo informal y por cuenta propia volcado al mercado interno. En la salida de la crisis pandémica, se ha producido una aceleración de la producción de servicios y su traducción en el empleo, con un menor dinamismo de la producción primaria e industrial de bienes. La productividad del trabajo, por su parte, ha experimentado comparativamente un comportamiento relativamente dinámico, mientras ha disminuido el rol de las exportaciones como motor de crecimiento desde 2010, en beneficio de del consumo de los hogares y de la inversión..
1. La evolución del PIB desde 1960
El PIB ha experimentado en Chile un crecimiento de 4,0% interanual entre 1961 y 2022. Este promedio de seis décadas se compara positivamente con uno de 3,5% del PIB mundial, uno de 3,0% de Estados Unidos y uno de 3,5% de América Latina y el Caribe en el mismo período, según los datos del Banco Mundial (su base de datos no registra datos completos anteriores a 1960). En contraste, el promedio de crecimiento de China ha sido el doble del de Chile, pero su PIB por habitante es aún inferior (12,8 mil dólares por persona de China a comparar con 15,1 mil de Chile en 2022 y 21,4 mil y 29,1 mil a paridad de poder de compra respectivamente, según los datos del FMI), dado que China ostentaba antes de 1980 un PIB por habitante que se contaba entre los más bajos del mundo.
La tendencia en lo que va de siglo XXI es la de un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Chile que mantiene un mayor dinamismo que el promedio de América Latina y el Caribe y sigue grosso modo el ritmo del crecimiento mundial. Cabe, sin embargo, distinguir dos sub-períodos. En la primera década (2000-2009, durante Lagos y Bachelet I), el PIB de Chile creció a un promedio anual de 4,2%, algo más que el PIB mundial, que lo hizo en 3,9% anual, con lo que Chile siguió acortando levemente la brecha con las economías de altos ingresos, pero a un ritmo menor a la excepcional década de 1990. En la segunda década del siglo XXI (2010-2019, durante Piñera I, Bachelet II y la mitad de Piñera II), se inicia una etapa de estancamiento relativo, pues el crecimiento promedio del PIB de Chile fue de 3,3% anual, algo menos que el 3,7% mundial. En el último trienio (2020-2022, durante dos años de Piñera II y menos de uno de Boric), la economía chilena ha crecido al 2,7% anual, mientras el PIB mundial lo hizo al 2,3% anual, pero este ritmo superior al del mundo no se mantuvo en 2022.
Existe un debate sobre el llamado "milagro chileno", que se sitúa en realidad en los años 1990 por un impulso simultáneo de la demanda interna y de la inserción externa. En efecto, el desempeño económico en el período de dictadura de 1974-1989, con un crecimiento del PIB de 3,5% anual promedio, fue inferior al de los gobiernos democráticamente elegidos previos y posteriores. En la etapa anterior al golpe militar de 1973, se registró un 3,6% de crecimiento promedio anual del PIB en 1961-1973. En la etapa posterior a 1989, se registró uno de 4,4% promedio anual en 1990-2022. Durante el período autoritario, el PIB creció levemente más que el mundo y América Latina y el Caribe, contrariamente al período previo. En cambio, desde 1990 la economía chilena ha crecido mucho más que el promedio mundial y el de América Latina y el Caribe (4,4% a comparar con 2,9% y 2,5% respectivamente). Si se desglosa el crecimiento del PIB por gobiernos en los últimos 60 años, destaca el de Patricio Aylwin como el de mejor desempeño comparado (7,4% promedio anual).
En materia de fluctuaciones, desde 1960 se produjeron en Chile recesiones en 1972-73, 1975, 1982-83, 1999, 2009 y 2020, según los datos del Banco Central. Durante la Unidad Popular, se produjo una contracción en 1972-1973 (-5,7% acumulado), pero el crecimiento promedio anual en 1971-73 fue de 1,3%, dado un crecimiento de 9,6% en 1971, por lo que el PIB era mayor en 1973 que en 1970. Por su parte, las recesiones de 1975 (-12,3%) y 1982-83 (-15,9% acumulado) fueron las más graves desde 1929, siendo éstas las peores crisis económicas contemporáneas que haya vivido Chile. La caída del PIB en 2020, durante la crisis de la pandemia, fue de -6,1%, algo inferior a la de -6,8% de América Latina y el Caribe, pero superior a la de -5,6% de la Unión Europea y de -2,8% de Estados Unidos, así como también a la de -2,8% del agregado mundial.
Por otro lado, es paradojal que los mejores desempeños relativos de los gobiernos de Piñera se expliquen, en el primero, por un empuje de gasto público derivado del terremoto de 2010 y, en el segundo, por la mayor expansión del gasto público que conozca la historia económica reciente, acompañado de retiros desde los fondos de pensiones. Se trató de una expansión de la demanda interna superior a la experimentada durante la Unidad Popular. Según las cifras del Banco central, en 1971 el consumo de los hogares aumentó en 13%, el consumo de gobierno en 12% y las importaciones en 9%, empujando un crecimiento del PIB también de 9%. En 2021, en la salida de la crisis pandémica, el consumo de los hogares aumentó en 21% y el consumo de gobierno en 14%, con lo que la demanda interna aumentó en 22% y las importaciones en 32%, empujando un crecimiento del PIB de 12%. Como se observa, la política económica de la UP no tuvo la intensidad expansiva del último año de Piñera II. La diferencia, crucial, es que el bloqueo externo e interno en 1971-73 no permitió la continuidad productiva, afectada por los cambios de propiedad y el conflicto político, y produjo rupturas de abastecimiento de bienes básicos y una alta inflación. La salida de la crisis de 2020 fue un caso de "economía dinamizada por la demanda interna", con una lógica keynesiana, antes que uno de "economía dinamizada por una mayor competitividad de la oferta y menor costo de la inversión", de orientación neoclásica ortodoxa, como era en principio la orientación de los economistas de gobierno, los que se vieron confrontados a coyunturas que obligaron a una importante intervención fiscal.
Fuente: Banco Central de Chile
2. Los cambios sectoriales en la producción, 2000-2022
La producción en promedio se duplicó en 2022 respecto al año 2000 (período para el cual está disponible información sectorial homogénea), creciendo a un ritmo de 3,5% anual. En promedio, la producción de bienes creció mucho menos que la de servicios. La primera pasó de representar un 49,5% del PIB en 2000 a solo 32,9% del PIB en 2022.
La expansión en la producción de bienes fue del orden de magnitud del promedio del PIB en el sector agrícola, silvícola y pesquero y algo más rezagada en los sectores de la construcción, la industria y el suministro de electricidad, gas y agua. La minería, en cambio, produjo en 2022 un -10,5% menos que hace dos décadas, con una declinación que se inició hacia 2003. En 2022 representó solo un 8,4% del PIB (mientras la cifra era de 19,6% en 2000), sin perjuicio de mantener una importante capacidad de generación de divisas y de utilidades por rentas de escasez (dada la rigidez de su oferta en el corto plazo), las que dependen coyunturalmente de los precios internacionales y de sus ciclos. El cobre sigue siendo la principal de las exportaciones del país (45,3% del total en 2022), acompañado ahora del litio (8,2% del total). Pero el hecho es que ha visto caer su producción y crecer sus costos de extracción por la caída de la ley del mineral, en medio de perspectivas de demanda de largo plazo y de precios ampliamente positivas. El tránsito global a la electromovilidad y a las energías renovables, intensivas en cobre y litio, mantendrán la discusión sobre las perspectivas productivas, su sostenibilidad, la apropiación predominantemente nacional o externa (y privada o pública), de la renta (la que resulta de las diferencias con los costos más allá de las utilidades normales que gatillan la inversión) de recursos no renovables que pertenecen a la nación. Y también sobre su grado de elaboración en el país, que ha ido disminuyendo.
Participación en el PIB por sectores de actividad (%)
Fuente: Banco Central de Chile.
En materia de servicios, los de comunicaciones e información multiplicaron por seis su volumen, una cifra considerable, sector que pasó a representar un 3,8% del PIB, a comparar con un 1,3% en 2000. Esto refleja una activa digitalización de actividades, tanto en materia productiva como de usos personales y profesionales de tecnologías de la información, lo que se aceleró durante la pandemia. Los servicios financieros se multiplicaron por más de tres, alcanzando un 4,9% del PIB, lo que expresa una financiarización creciente, acompañada de la persistencia de utilidades sobre-normales de la banca. El comercio casi triplicó su actividad, en condiciones más competitivas aunque con una concentración creciente en grandes cadenas, mientras el resto de los servicios (restaurantes y hoteles, transporte, salud, educación, vivienda, administración pública) evolucionó a ritmos cercanos al promedio de la economía. El resultado es que en 2022 los servicios representaron un 67,8% del valor agregado, mientras en 2000 llegaban a solo al 55,1% del total.
Así, la chilena es una hoy una economía predominantemente de servicios y estructuralmente dual, siguiendo la conceptualización de Lance Taylor, con un sector productor de bienes primarios de alta productividad, generador de ingresos y orientado a la exportación, con sus correspondientes servicios internos asociados "hacia atrás", especialmente en materia de ingeniería y diseño, digitalización y suministro de insumos, y poca elaboración "hacia adelante" y por tanto lejos de la condición de bienes finales. El resto de la economía mantiene una productividad heterogénea. En las cadenas logísticas y de servicios urbanos y a las personas se encuentra el grueso de los empleos. Es allí donde, además, se anida el trabajo informal y por cuenta propia y los bolsones de marginalidad y la economía ilegal.
3. La evolución del empleo y de la productividad del trabajo
Las personas con empleo en Chile pasaron de 5,4 millones en el año 2000 a 8,9 millones en 2022. Los puestos de trabajo crecieron al 2,8% anual, una buena cifra en comparación al crecimiento del PIB (un coeficiente empleo/producto de 0,8). En cambio, en la crisis pandémica, la pérdida de empleos fue muy superior a la de la producción, sobre todo en el empleo por cuenta propia. La recuperación posterior ha sido lenta, salvo en el caso del empleo asalariado formal, pero que desde fines de 2022 ha tendido a declinar. En 2022, la ocupación total fue todavía inferior en 110 mil personas a la de 2019 (un -1,2%), aunque la producción es un 7,4% superior a la del año anterior a la pandemia.
Expresión de esta tendencia, que por otra parte se traduce en un aumento de la productividad del trabajo, es que las personas inactivas sumaron 5,7 millones hace tres años, mientras al finalizar 2022 llegaron a 6,4 millones. Habían alcanzado, de acuerdo a la encuesta de empleo del INE, a 7 millones de personas en el trimestre terminado en junio de 2020, en el peor momento de la crisis sanitaria.
Más allá de los vaivenes recientes, y siguiendo la dinámica de la producción, el grueso del empleo (un 70,1% en 2022) se concentra en los servicios a las personas y a las empresas, siendo los sectores más importantes el comercio (con un 19,0% de la ocupación total en 2022, en el que se encuentra una parte muy importante del empleo por cuenta propia y el informal), la enseñanza (8,3%), la salud y asistencia social (6,9%) y el transporte (6,2%). El empleo en la administración pública y defensa representa solo el 5,6% del total, una cifra muy inferior a la de los países de la OCDE. La salud (con 241 mil personas adicionales) y el comercio (con 120 mil) han sido los sectores que más han agregado puestos de trabajo en la última década.
Como la producción de bienes es menos intensiva en trabajo que el suministro de servicios, sumó en 2022 sólo un 28,9% del empleo total. Su tendencia es a la disminución: la cifra anterior comparable utilizando la actual encuesta del INE es de 32,6% hace una década. La agricultura y la pesca sumaron en 2022 el 6,8% del total del empleo (8,5% en 2013), la minería el 3,0% (3,3% en 2013) y la industria solo el 9,5% (11,3% en 2013).
Por su parte, para medir la evolución del empleo formal se dispone con más rezago de los datos administrativos. En noviembre de 2022 (últimas cifras disponibles) unos 5,91 millones de personas (un 65% del total de ocupados) estaban registrados como cotizantes dependientes por la Superintendencia de Pensiones, a comparar con los 5,90 millones de diciembre de 2021. Este volumen es superior al de 5,46 millones de hace tres años, antes de la crisis pandémica. En agosto de 2021, este tipo de empleo ya había recuperado su nivel previo.
El empleo independiente es el que ha permanecido más rezagado luego de la crisis de 2020. Según la encuesta del INE, en el último trimestre de 2022 se registró en la categoría de empleo por cuenta propia 1,81 millón de personas. Hace tres años, sumaban 1,86 millón de personas. Por su parte, los empleadores sumaron al cuarto trimestre de 2022 unas 283 mil personas, unos 100 mil menos que hace tres años.
La tasa de ocupación (la relación entre la población ocupada y la población en edad de trabajar) bajó, por su parte, de 58,6% hace tres años a 55,5% en el cuarto trimestre de 2022. No obstante, se ha producido una recuperación respecto a la de 45,0%, en el peor momento de la crisis en 2020, y a la de 54,3% del cuarto trimestre de 2021. A su vez, la tasa de ocupación femenina bajó de 48,6% a 46,4% en el mismo período de tres años.
La tasa de desocupación corregida de variaciones estacionales aumentó durante cinco meses seguidos a partir de julio de 2022, mientras se estabilizó en enero de 2023. El ritmo bastante sostenido de crecimiento del empleo, cuya cifra total pasó de 8,7 a 9 millones en doce meses, no hizo bajar la tasa de desempleo, pues no logró absorber el aumento de la fuerza de trabajo, que pasó de 9,4 a 9,8 millones de personas con las que se han incorporado a la búsqueda de trabajo remunerado a medida que va quedando atrás la crisis. En el cuarto trimestre de 2022, se registró la tasa más baja desde la salida de la crisis pandémica, de 7,6%. En el cuarto trimestre de 2019 la tasa de desempleo desestacionalizada alcanzaba un 7,5% de la fuerza de trabajo. Así, la normalización del empleo lograda en 2021 se frustró en 2022 dado el brusco ajuste monetario y fiscal aplicado por las autoridades económicas.
La “tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial” calculada por el INE, alcanzó un 15,8% de la fuerza de trabajo actual y potencial en el cuarto trimestre de 2022. Esta es una medición más amplia del desempleo que considera, junto a los desocupados que buscan trabajo y no lo encuentran, a las personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente. Esta cifra es el doble de la tasa convencional de desempleo no desestacionalizada, la que alcanzó en el mismo período un 7,9% de la fuerza de trabajo. Hace tres años, antes de la crisis pandémica, esta tasa combinada registraba un 14,1% de la fuerza de trabajo. Este dato resume el problema estructural y coyuntural de desempleo que afecta a la economía chilena.
La ocupación informal ha disminuido de 29,3% del total en el cuarto trimestre de 2019 a 27,4% en el de 2022, con 2,45 millones de personas a esa fecha, a comparar con 2,63 millones hace tres años. Los subsidios a la contratación establecidos durante la crisis han ayudado a la disminución de la informalidad, especialmente en el segmento de trabajadores asalariados, en el que permanecen, sin embargo, unas 960 mil personas en una condición de desprotección legal.
Por su parte, como reflejo de la coyuntura económica de 2022, el número de personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente (“fuerza de trabajo potencial”), pasó en un año de 848 mil a 875 mil en el cuarto trimestre. La suma de los desempleados y de los trabajadores desalentados pasó de 1,52 millones de personas a 1,64 millones, unas 120 mil personas adicionales.
A su vez, las personas de entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian (conocido como grupo NiNi) pasaron de 360 mil hace un año a 397 mil en el cuarto trimestre de 2022, siempre según la encuesta de empleo del INE. Este es un problema social grave y, como se observa, más allá de las cifras exactas, de una magnitud creciente, que puede alimentar aún más la violencia urbana, los tráficos ilegales y la delincuencia, en un contexto de persistencia de una alta desigualdad de ingresos y patrimonio.
El creciente predominio de los servicios -cuyos aumentos de productividad en el largo plazo son por definición muy inferiores a los de la producción de bienes (un peluquero no puede bajar demasiado la duración de un corte de pelo por mucho que use máquinas eléctricas cada vez más sofisticadas) explica en buena medida, junto a la situación de la minería, que la llamada “productividad total de los factores” haya aumentado poco en los últimos lustros. Esta se mide como la parte no explicada del crecimiento del PIB atribuida a la productividad una vez que se contabiliza por separado el crecimiento de las unidades de trabajo y de capital. Este ejercicio está acompañado de inextricables problemas de cuantificación y de interpretación conceptual, como distinguir la parte de “trabajo” y de “capital humano” en la creación de valor.
Fuente: OCDE.
Si se observa el indicador de PIB por hora trabajada de la base de datos de la OCDE (con un registro para pocos países), en cambio, se observa un desempeño más dinámico. En las últimas tres décadas se ha reducido la brecha con los países de más alta productividad: lo que cada persona trabajadora produce en promedio en una hora se ha multiplicado por cerca de tres en Chile. La producción por hora representaba en Chile un 26% de la del promedio de los países del G7 en 1990, mientras alcanzó un 45% en 2021, un desempeño mucho mejor que el de México y Costa Rica, países latinoamericanos para los cuales también la OCDE dispone de datos. Pero la productividad medida de esta manera sigue siendo en Chile todavía muy inferior a la de los países industrializados de altos ingresos, mientras es notable el contraste con Corea del Sur, cuya producción por hora trabajada era igual a la de Chile en 1990 y en 2022 es un 47,9 % superior.4. La evolución de los motores del crecimiento
Desde 1990 se logró disminuir la brecha de PIB por habitante con las economías maduras, con una expansión exportadora, un incremento del consumo de las familias y una población activa en aumento, aunque las tasas de inversión no fueran sobresalientes. Se produjo un mejoramiento continuo de los índices de educación y salud. Luego, en el siglo XXI la economía ha crecido más lentamente ante el desafío de sostener una innovación y diversificación sistemática hacia producciones de mayor complejidad y en cadenas globales de creación de valor centradas en alta tecnología, lo que no se ha logrado.
Entre 1980 y el inicio del boom global de las materias primas en 2004, la demanda interna había crecido menos que el PIB, con un énfasis en el empuje de las exportaciones netas (recordemos que el PIB equivale desde el lado de la demanda a la suma del consumo, la inversión, el gasto de gobierno, más las exportaciones netas, es decir las exportaciones menos las importaciones). La tendencia se invirtió y desde la recesión de 2009 la expansión de la demanda interna va a la par de la del PIB, mientras en la salida de la crisis pandémica la superó. Las exportaciones reales fueron superiores a las importaciones reales entre 1980 y 2011, con lo que el crecimiento fue dinamizado por las exportaciones netas de importaciones. Pero la persistencia de exportaciones reales que crecen menos que el PIB y que la producción minera haya disminuido, llevó en la última década a que el crecimiento se explique completamente por el aumento de la demanda interna, con exportaciones netas sin empuje macroeconómico. La chilena ya no es desde hace una década una economía liderada por las exportaciones.
La inversión ha tenido un comportamiento más robusto en las últimas dos décadas, con un crecimiento sistemático entre 2001 y 2013 y oscilaciones desde entonces. Son el consumo de las familias y del gobierno, y en parte la inversión, los factores de demanda que dinamizan la economía. Se observa un cambio de modelo de crecimiento económico o de "régimen de acumulación" hacia motores internos, con una demanda interna creciendo incluso por encima del PIB en 2021-22, y sin un impulso exportador desde alrededor de 2010. Esto fue aún más notorio en la salida de la crisis pandémica.
La inserción internacional de Chile sigue primordialmente basada en las exportaciones del sector extractivo, con una alta carga ambiental, poca elaboración industrial y lejos de la vanguardia tecnológica, a pesar de una importante inversión extranjera en el sector. Nada comparable con Corea del Sur, con su predominio creciente en el suministro mundial de microprocesadores, por ejemplo. La actual articulación de Chile con la división mundial del trabajo permite generar las divisas suficientes para importar los bienes y servicios requeridos por los procesos productivos y los consumidores, pero se está aún lejos de aumentar la elaboración industrial doméstica y de mejorar la conexión con las cadenas globales de producción. Esto no permite una adecuada retención interna del excedente económico, lo que explica en parte la tendencia a la caída del crecimiento.
Además, las repatriaciones de utilidades de las empresas transnacionales que operan en la minería (que pasaron nada menos que de 4.261 millones de dólares en 2003, antes del inicio del primer ciclo alcista reciente del cobre, a 23.930 millones en 2022) y en el sector financiero, provocan una carga creciente para los equilibrios externos de la economía. Esta enfrenta en el período reciente importantes déficit en la cuenta corriente (un 9,0% del PIB en 2022), los que presionan la devaluación del tipo de cambio y la consiguiente disminución de los salarios reales, por efecto de la inflación de precios de los bienes importados.
Esta es una razón más para revisar el bajo cobro de regalías por la extracción del recurso minero, además de las consideraciones tributarias. Una regalía sustancialmente mayor cuando el precio del cobre y del litio es elevado y un impuesto a las sobre-utilidades bancarias disminuirían sustancialmente esa presión sobre la cuenta corriente, que obliga a generar excedentes comerciales crecientes. El uso adecuado de estas regalías permitiría, además, invertir mucho más en la diversificación económica doméstica y en el mejoramiento del vínculo con las cadenas de producción mundiales para una más amplia retención nacional de valor e innovación activa en el uso sustentable de los recursos.
El desafío de mediano y largo plazo para Chile es mantener condiciones adecuadas de expansión de la demanda interna y aumentos de productividad que mejoren la competitividad sistémica de la economía. Si se toma en consideración los temas distributivo y ambiental, esto debiera ocurrir de preferencia mejorando los ingresos y el consumo de los sectores de menos ingresos y aumentando la inversión pública sostenible, junto a una política industrial que fomente mayores incrementos del valor agregado nacional que diversifiquen las exportaciones y que amplíen la sustitución de importaciones hacia nuevos sectores, cautelando los efectos en el cambio climático y los ecosistemas locales.
Para avanzar a estos objetivos, se requiere de una política fiscal que -junto a la prioridad de expandir la inversión pública y el consumo de gobierno en educación, salud y bienes públicos urbanos y realizar transferencias redistributivas más amplias a las familias- contenga los déficits fiscales estructurales en los límites de una deuda pública que genere pagos de intereses al menos equivalentes al crecimiento del PIB. Para lograrlo, son indispensables reformas tributarias sucesivas que al menos pongan a Chile en los niveles medios de presión tributaria de los países de la OCDE. Y se requiere de una política monetaria que cautele que la inflación no vaya más allá de un horizonte de 3-4% anual, pero que, a la vez, no mantenga tasas de desempleo por encima de las necesarias para alcanzar esa meta, como ha sido su práctica en los últimos años.
En materia de políticas de estímulo de la oferta, se requiere mantener un tipo de cambio competitivo, lograr una transición energética acelerada, ya encaminada en buena medida, junto a un mayor impulso a las políticas de innovación financiadas con las rentas mineras, además de más inversiones en infraestructuras. La política de competencia debe ser mucho más activa para impedir las frecuentes rentas de monopolio en los mercados financieros y de bienes.
Sería un error histórico dejar inalterada la estructura distributiva, o centrarse en disminuir "trabas burocráticas" que no son arbitrarias sino que protegen a las personas y al ambiente. Hay quienes entienden mejorar la competitividad de la economía como sinónimo de disminución de costos salariales y de relajación de las protecciones ambientales, lo que no tiene mayor sentido si se considera que la clave son los aumentos de la productividad. Se requiere para ese fin de mejoras continuas en la educación y en la calificación de la fuerza de trabajo y de adaptaciones al cambio demográfico (el crecimiento de la población ha caído a 0,6% anual en 2022).
La distribución del ingreso solo podría cambiar estructuralmente, sin embargo, con una reforma tributaria que aumente los impuestos progresivos y una negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo más allá de la empresa individual y con mayores ingresos de reemplazo provistos por los sistemas de seguro de desempleo, de pensiones y de salud, junto a un ingreso básico universal (simplificado y financiado con un impuesto a las grandes fortunas) que asegure una subsistencia digna y mejore la autonomía y capacidad de negociación de los que viven de su trabajo. Y los cambios en la distribución de la riqueza y de los activos productivos, aún más concentrada que la de los ingresos, requiere la maduración de cambios en los sistemas educativos, el acceso al financiamiento de las pequeñas y micro empresas, en las compras públicas y en la difusión tecnológica, junto a políticas de competencia activas.
